Falso reformismo judicial

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Criticar la ausencia de separación de poderes para llegar a un autogobierno exclusivo y excluyente de los jueces, de espaldas al restante mundo jurídico, es hacer trampa.

Algunos reformistas del régimen pretenden que sean los jueces, y solo los jueces, los que rijan el destino del mal llamado Poder Judicial, so capa de su incuestionable politización actual.

Si es evidente tal instrumentalización política de lo judicial (y aún más el sometimiento de la Justicia a los partidos), no lo es menos que la crítica se arraiga en la pretensión de unas asociaciones judiciales de constituirse en órganos estatales de selección y gestión del escalafón, que curiosamente hasta este momento se han mostrado cómplices con el actual sistema.

Dos medias verdades no suman más que otra mentira, nunca una verdad completa. Partiendo de una premisa cierta como es la inseparación de poderes políticos y facultades estatales con la consiguiente politización de la Justicia, los mismos reformistas abogan para que los Colegios de Abogados tengan funciones meramente consultivas en la elección de altos cargos judiciales.

Se trata de simple botón de muestra de cómo el reformismo hace flaco favor a cualquier alternativa democrática al cometer un error de bulto, confundiendo e identificando facultades jurisdiccionales con gobierno de la Justicia. Y es que la separación absoluta en origen de los poderes y facultades del Estado y de la nación no justifica la creación de una casta de funcionarios privilegiados que señoreen la vida judicial más allá de las atribuciones estatales que tiene conferidas para el ejercicio de su función.

Frente a estas reivindicaciones elitistas de autorregulación sin freno, se impone la sustitución del actual CGPJ por un Consejo de Justicia elegido separadamente, de forma mayoritaria por todos los operadores jurídicos en igualdad de condiciones, desde jueces y magistrados, pasando por fiscales, abogados, procuradores, notarios, registradores, y catedráticos de las facultades de Derecho, censo que ha de incluir necesariamente también a todo el personal de Juzgado, desde agentes y oficiales hasta secretarios.

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Este trabajo de Pedro M. González está protegido bajo licencia Atribución Creative Commons-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Internacional Los permisos mas allá del ámbito de esta licencia pueden estar disponibles en https://www.diarioerc.com/aviso-legal/

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Resulta algo tan obvio la falta de independencia judicial, como misterioso el hecho de que jueces y juristas no la reclamen de forma unánime y continuada. El sometimiento del órgano judicial al poder político, legislativo y ejecutivo es pavoroso en esta España hundida por la anti democracia de los partidos estatales del franquismo.

Abstención!!

Gonzalo Alvarez

Todo se reduce en saber articular el inconveniente originado por esta Monarquía borbónica dentro de un Estado de partidos,con el arreglo que le daría la democracia formal.Si deseamos decencia y reputación para la justicia legal TENEMOS que comenzar situando en los puestos de mayor estima social a los jueces y fiscales que invetiguen la verdad.

Una gran verdad esa que apunta D. Gonzalo. Los jueces necesitan recuperar prestigio civil y no político.