Dolor e independencia

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Dolores Delgado. Fundación Internacional Baltasar Garzón

De nuevo, los partidos «constitucionalistas», como vienen llamándose en el lenguaje periodístico, se llevan las manos a la cabeza al conocer otra maniobra del presidente Pedro Sánchez. En este caso, la protagonista es la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, que pasará a convertirse en fiscal general del Estado. Dicen Casado, Abascal y compañía que Pedro Sánchez interfiere en el poder judicial, o sea, que no respeta la separación de poderes.

La separación de poderes no es una cosa que haya que respetar sino una cosa que se establece formalmente en una Constitución. Como en España no hay una Constitución democrática, es necesaria la representación teatral del respeto a una separación que no existe para mantener la ficción de una democracia. En España querríamos separación de poderes, por eso hacemos como que la tenemos.

La Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice en su artículo 7 que: «por el principio de imparcialidad el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados». Cabe preguntarse si no sería necesario buscar un método para asegurar el principio de imparcialidad de forma que la imparcialidad y la objetividad no dependan de la voluntad del fiscal, por ejemplo, separándolo de aquellos que pueden ejercer influencia sobre él. Una entidad no es independiente de otra por su propia voluntad, sino porque se reúnen circunstancias suficientes. Así, la economía de mi casa es independiente de la de mi vecino porque cada uno tenemos fuentes de ingresos procedentes de diferentes empleos o negocios, porque poseemos cuentas bancarias diferentes y, además, porque hay una pared de por medio que impide que nuestros asuntos domésticos se mezclen y que nos protege de la tentación del robarnos mutuamente. No hace falta que me proponga actuar con independencia de él, porque ya lo soy. En el caso de la ciencia médica, por poner otro ejemplo, se pueden evitar las influencias externas que pudieran desvirtuar el resultado de un experimento mediante el aislamiento de grupos de control. Si no se aplican cosas tan sabidas a la política es, obviamente, por interés y no porque sean inaplicables o desconocidas. Así, algunos fingen que se escandalizan porque Pedro Sánchez nombra a alguien afín para un puesto que controla el propio Pedro Sánchez, lo que es tan absurdo como si alguien pusiera una denuncia ante los tribunales porque otra persona decide comprarse un modelo de coche en lugar de otro.

Los partidos «constitucionalistas» (deberíamos decir «setentayochistas» o «cartaotorgadistas») deberían empezar por exigir un órgano de gobierno independiente en el poder judicial elegido por los profesionales del derecho, pero obviamente no lo van a hacer porque saben que un día llegarán al Gobierno del Estado.

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Como ya sabemos por Antonio García-Trevijano, la libertad no es patrimonio de nadie y menos de los partidos (meras partes egoístas de la sociedad). O hay libertad política colectiva o no hay democracia.
El problema en España y otros muchos Estados, aunque el que nos importa es éste, es el apoderamiento del Estado por los partidos; no sus resortes de gobierno, ni jurisdicción, legislación o violencia, sino de educación, información, autonomía etc. Los partidos asaltaron el Estado, para someterlo a su beneficio.
El idioma (vía natural de comunicación en cualquier territorio) es muy rico en interpretaciones de sus términos. Las acepciones 6ª y 7ª de PARTIDO de la R.A.E. son claras:
6. m. Provecho, ventaja o conveniencia.
Defender y promocionar a un partido es impulsar su éxito, pero no el interés colectivo. Del partido se espera el usufructo y no la garantía social.
7. m. Amparo, favor o protección de que se goza.
Mientras se vive del partido. Quien milita en él, quiere ser favorecido y -en consecuencia- atropellar a los diferentes y libres.
Bien es verdad, que no coincidimos con la R.A.E. –y rechazamos- cuando recoge la interpretación de: “mujer de partido”.
Es inadmisible e injustificable, que aunque sea independiente y no mujer de partido, la nueva fiscal general del Estado sea vasalla del Gobierno; la nominación por éste la hace deudora de su libertad e integridad. Su elección dentro del estamento jurídico debe proceder del tercer poder, nunca de cualquiera de los otros dos. Pero esto no lo quiere ninguno de los actuales partidos españoles, porque aunque digan lo contrario, mantienen esa codicia dominante y totalitaria.