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Conviene empezar por aclarar a la opinión pública qué significa “prevaricar”. La palabra “prevaricar” significa “andar mal” y proviene de la palabra latina varus, que a su vez significa “patizambo”: aquellos que tienen las rodillas unidas y los tobillos separados y andan mal. Es una palabra que aún se emplea en la agricultura cuando los surcos del arado hacen “guiños”, hacen curvas y vuelven a su sitio. Prevaricar significa “torcer”.

El Derecho primero designó como prevaricación los actos de colusión del abogado con la parte contraria para engañar a su cliente. Luego pasó a los jueces, donde el significado en la Ley es tan preciso que parece mentira que ni la prensa nacional ni internacional, ni los partidos que autodenominan falsamente de izquierdas sepan lo que significa.

Prevaricar es “dictar una resolución injusta a sabiendas que es injusta” (…). Se entiende mejor si se sustituye la palabra “injusta” -que se presta a ser malinterpretada sin un conocimiento jurídico profundo- por lo que de verdad significa: “ilegal”. Este es un delito que los jueces cometen no porque tengan intención de cometer un delito, ni porque quieran perjudicar a nadie, sino que es un delito de resultado: basta con que dicten “una resolución ilegal a sabiendas que es ilegal” para que exista la prevaricación, por muy buena que sea la intención del juez.

Como el Derecho es una cuestión de interpretación, los jueces interpretan las leyes. Cuando un juez se empeña en interpretar la Ley de un modo torcido, de un modo que nadie en su sano juicio compartiría, aún creyendo que está obrando bien, se da la prevaricación. Es un delito de la inteligencia, no de la voluntad, porque no se requiere intención alguna.

En el caso concreto de Baltasar Garzón, él dice que rechaza la sentencia “frontalmente”. Esta es la prueba de que no conoce el idioma español, porque “frontalmente” no la puede rechazar, la rechazará “totalmente”; se puede llegar muy fácilmente a la prevaricación cuando no se emplean las palabras en su sentido propio.

Dice el juez Garzón que él ha defendido, protegido y salvaguardado el derecho de defensa de los abogados de los imputados en el caso Gürtel. Eso es falso. (…) El es tan vanidoso, está tan enfermo de narcisismo y ego que cree que la interpretación que él hizo de la Ley era la correcta. Aunque digan lo contrario noventa y nueve de cada cien personas a las que se pregunte. Él tiene la vanidad de pensar que no es así.

Yo tuve una conversación con Garzón sobre este tema. Fue en una comida con Jesús Neira, ese personaje raro que tanto conoce la opinión pública. (…) Él se presentó con Garzón, que venía muy contento porque acababa de dictar una sentencia y estaba muy satisfecho. Él me comentó que era muy buena pero yo percibí en seguida que las palabras que él decía no tenían sentido. Se lo hize notar: “Pero eso es prevaricación”, le dije. Él se echó a reir y me dijo que eso no era posible porque él no tenía ninguna intención de prevaricar. Yo le respondí que la prevaricación no es un delito de intenciones sino de resultados: es interpretar la Ley de modo caprichoso, arbitrario, de tal manera que nadie piense que es un error sino una locura, una sinrazón. Ya molesto, él me contestó que “la opinión del juez es la Ley de la sentencia”. “No, te equivocas”, le contesté, “el CRITERIO legal del juez es la Ley de la sentencia. Un juez debe tener criterio, no opinión. El criterio es una opinión razonada”. Entonces me preguntó si yo no tenía opiniones. Le respondí que no, porque “de lo que no sé no hablo, y de lo que sé tengo criterio”.

Baltasar Garzón no sabía siquiera lo que es la prevaricación.

Puede leer la sentencia íntegra del Tribunal Supremo sobre Baltasar Garzón a través del siguiente enlace.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado el siguiente fallo:

«Debemos condenar y condenamos al acusado Baltasar Garzón Real como autor responsable de un delito de prevaricación del artículo 446.3º, en concurso aparente de normas (artículo 8.3) con un delito del artículo 536, párrafo primero, todos del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de multa de catorce meses con una cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo 53 del Código Penal, y once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo, asi como al pago de las costas procesales, incluidas las de las acusaciones particulares. Sin condena en cuanto a responsabilidad civil.»

Intervención de Don Antonio García-Trevijano Forte en Libertad Constituyente a 10 de febrero de 2012

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Puede ver un pequeño resumen de la biografía de D. Antonio García-Trevijano en este enlace.
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