En la situación políticamente decadente actual, tras el último recurso de un fraude descomunal, realizado a través de la fantasía de una epidemia, el Derecho ya no puede sostenerse y se delega en la temporalidad de un Estado policial. Es únicamente una minoría uniformada y sin identificar, a causa de los bozales que portan ocultando sus rostros, la que a duras penas lo sostiene. Unos cuerpos policiales en los cuales se delega la responsabilidad de la prevaricación, a modo de última barrera de contención que sirva a la impunidad de sus responsables políticos.
Para la producción normativa y demagógica que actualmente fundamenta esta ilusión de poder, es indispensable la función de los medios de masas que son quienes gobiernan a través de directrices, lo que el mundo judicial es incapaz de sostener. Se dicta antes la norma en la Prensa que en la propia legislación, y mediante esa dictadura de las ideas generales, se evita la intervención de toda la jurisprudencia.
Un ejemplo de esto lo tenemos en la idea creada por la propaganda de que serían obligatorios los bozales, previa a la elaboración de una serie de decretos que únicamente lo aparentaban a través de su redacción confusa. O en la idea divulgada por los Medios a las masas de la pertinencia de certificados médicos de exención, que es algo que carece de sustento jurídico por impedirlo toda la legislación. Un antecedente previo e inculcado a una población vulgarizada, del juguete comercial posterior que recibe el nombre propagandístico de “pasaporte CoVid”. Un entretenimiento para activistas que funciona como si fuese legal en el mundo parajurídico.
Hoy, agentes sin nombres ni apellidos, sin un rostro públicamente visible y escondidos tras sus números, se ocupan de garantizar la comisión de delitos e impiden la denuncia cuando se solicita su auxilio, tratando de evitar que llegue a los Tribunales lo que únicamente allí podría aplicarse. Procurar el aislamiento de los jueces son hoy sus directrices, para reservarse ellos la impunidad del prevaricador y ahorrarles la dificultad para cometerla que tienen los magistrados.
Pero sería imposible mantener la debilidad intrínseca de poder de todo Estado policial, si no fuese por la cooperación y coacción de una parte fervientemente adherida entre la población civil. De ese modo, lo que no puede aplicarse de ningún modo en los Tribunales de Justicia, que es el único lugar donde se interpreta la legalidad, se impone en las calles a través del delito ejercido por las fuerzas policiales y sus improvisados cooperantes. Más allá del Derecho, que es efectivamente lo que ya no se puede sostener, no existe más que la ilusión constante que produce la demagogia y que aún consumen masoquistas, los adictos al régimen. Las únicas sanciones que se pueden aplicar son aquellas que no llegan a los Tribunales, que es de lo que se ocupan actualmente los cuerpos policiales. Garantizan la delincuencia de sus gestores, la impunidad de la burocracia, la demencia de los jefes de partidos, mediante el acoso y la persecución de toda inocencia residual que resista.
Y puesto que obviamente un Estado policial es imposible de mantener, porque bastaría la ausencia de los agentes enmascarados en cualquier área, para procurar un reducto de libertad a los súbditos del régimen, es por lo que es necesario el dictado de la Prensa y las Televisiones, mediante las portavocías de quienes aparentan ser periodistas, para completar la ilusión totalitarista. La perversión de esta decadente situación reside únicamente en la ilusión, en la apariencia. La ilusión que causa en los más débiles la idea de que todo obedece a un plan y una agenda comercial.