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La ausencia de una auténtica Policía Judicial y la configuración de la única existente como cuerpo exclusivamente administrativo, dependiente del poder oligocrático de los partidos, pervierte la seguridad pública como bien jurídico deseado y lo transmuta en simple brutalidad incontrolada. Poco importa que se trate de policía estatal, autonómica, local o aún fiscal, ya que la diversidad administrativa no supone separación en el ejercicio del monopolio de la fuerza, sino sólo multiplicar su actuación arbitraria en función del amo a quien sirven. Por eso, no es de extrañar que el Departamento de Interior de la Generalitat catalana haya renovado el apoyo jurídico a los cinco mossos d´esquadra que han sido condenados por malos tratos a un detenido para que recurran la sentencia que les condena. El muy progresista Joan Saura (Iniciativa per Catalunya, Les Verds), ha indicado que la consellería que dirige mantendrá el asesoramiento jurídico y pagará la defensa de los mossos condenados, cuyas penas en algunos casos alcanzan los seis años de prisión por su brutal actuación.

Si resultaba sarcástico que Josu Ternera presidiera la Mesa de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, no lo es menos que el Sr. Saura de público conocimiento de la decisión del departamento que encabeza tras su intervención en la inauguración de los jornadas policiales sobre el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, celebrada el 27 de Noviembre pasado en Barcelona. Con anterioridad a la sentencia que condena a los agentes autonómicos, dos de los cinco condenados por tortura aprobaron sendas oposiciones que les permitieron ascender de categoría y ser destinados a la Comisaría de Les Corts donde, según la resolución condenatoria, torturaron y maltrataron a un ciudadano rumano al que detuvieron por error en el año 2.006, y a quien llegaron a introducir una pistola en la boca para hacerle confesar. Ajeno a la realidad, y ante un auditorio compuesto básicamente por mossos y policías locales bajo su Mando Único, Saura hizo una defensa de la institución policial, como la que “más puede hacer por respetar y proteger los derechos humanos”.

Sin la existencia de una auténtica Policía Judicial garante del Derecho Público, el Estado de Poderes Inseparados se convierte en sindicato de la brutalidad cuando no directamente en garantía de impunidad de los poderosos e instrumento de eficaz represión.

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