Las formaciones políticas clandestinas a la dictadura no han podido adquirir capacidades ni experiencias de gestión en los asuntos, privados o públicos, de carácter colectivo. No es el estudio teórico, sino la práctica, y la reflexión sobre la práctica, la que permite acceder a esas cualidades. Por ello, nadie esperaba de los partidos refugiados en la clandestinidad que de repente aparecieran con hechuras de formaciones tecnocráticas o administrativas. Pero, justamente por este mismo principio de que la función crea el órgano, todos teníamos derecho a esperar, al menos yo así lo creía, que los hombres y los grupos que habían sufrido la práctica de la represión en nombre del orden público habrían tenido, en sus retiros particulares, motivos y tiempo más que suficientes para reflexionar sobre esta práctica, y ofrecer, en consecuencia, una teoría alternativa sobre el orden público democrático. No ha sido así. El debate parlamentario sobre esta materia ha demostrado que, bajo el Estado de la Restauración, lo lógico y lo absurdo pueden darse la mano incluso para restaurar el orden público totalitario.
Era lógico que el ministro del Interior expusiese en el Parlamento la teoría del orden público que corresponde a la práctica totalitaria que él ha conocido y aplicado. Pero pertenece a la patología, por no decir a la morbosidad o al masoquismo, que la sufrida oposición llegue a la sublimación de aceptar la teoría del orden público que la han achacado durante cuarenta años. No es exageración, ni metáfora. Lo terriblemente inquietante en dicha sesión parlamentaria no fue el resultado de las votaciones, ni las injustificadas abstenciones contra la moción de censura, sino la revelación de que todos los partidos, incluso el que presentó dicha moción, tienen hoy del orden público el mismo concepto restringido y negativo que tuvo ayer la dictadura. Unos y otros siguen confundiendo, como Franco, el orden público con el orden político estatal. Esta es la esencia de la concepción totalitaria del Estado y de la teoría totalitaria del orden público. La diferencia entre el orden público de ayer y el que hoy defienden los partidos es sólo de orden cuantitativo. Ahora están integrados en el orden estatal de terminados grupos políticos que antes estaban excluidos. Pero el orden moral de la sociedad, el derecho a la intimidad y a la diferencia, siguen reprimidos por el orden político del régimen estatal de la Restauración.
El PSOE presentó la moción de censura contra el Gobierno porque la policía había transgredido el orden político estatal del que forman parte constituyentes sus diputados. Ninguna moción presentó cuando las consecuencias de la misma gestión y de la misma acción policial la sufrieron simples ciudadanos o elementos sociales no integrados en el orden político estatal. El Gobierno se situó en la misma óptica que el PSOE al reconocer que sólo se trataba de un incidente, es decir, de un error de identificación de la personalidad del señor Blanco. Si la policía lo hubiese reconocido no le habría pegado. Esta fue toda la filosofía de la defensa activa del Gobierno no contra la moción de censura. ¿Para qué sustituir a Martín Villa si cualquier otro en su lugar haría lo mismo? Esta fue toda la filosofía de la defensa pasiva que proporcionó al Gobierno el factor de la abstención.
Para conquistar la vía pacífica en la confrontación del orden estatal con los grupos políticos o sociales no integrados en dicho orden, y para evitar la violencia en la calle es mucho más importante cambiar la idea del orden público totalitario por la del orden público democrático, que cambiar al señor Martín Villa. Pero, ¿qué partido ha desarrollado en el Parlamento, o fuera de él, una idea concreta del orden público democrático? Mientras esta alternativa no se formule es indiferente, en efecto, que el Ministerio del Interior esté ocupado no ya por este o aquel miembro de la UCD, sino por este o cualquier otro partido. Mientras no se amplíe el concepto y la práctica del orden público hasta un grado tal que permita realizar la adecuación del marco jurídico del Estado al estado efectivo de la conciencia social, habrá violencia y terrorismo. Mientras no se levante una verdadera alternativa democrática para el orden público, continuará siendo una tarea tan inútil como suicida atacar ideológicamente a las fuerzas legales de la represión estatal.
¿Qué sentido tiene censurar a la Policía, y a las demás fuerzas legales del orden, sino esclarecer ante ellas y ante la opinión que su función representativa viene determinada por el desorden público que ocasiona en el proceso productivo la falta de capacidad directiva de la clase financiera que controla e interviene en este proceso a través del Estado? Sin paro, sin aumentos salvajes de los precios, sin problemas de escolarización, sin polución, etc., la policía no estaría tan ocupada. Ella no es la responsable de las situaciones sociales y económicas que empujan a la protesta y a la contestación del sistema.
El orden público no se arregla con reglamentos humanizados de la función policial. Tampoco cambiando a la persona del ministro. El orden público exige una moral de Estado identificada con la moral productiva. Es evidente que a las clases financieras y especulativas les falta este tipo de moralidad. Y son justamente estas clases las que tienen las riendas de todo el aparato estatal. Son ellas las que constituyen el Estado. Por esta razón hay desorden público. Hay que elevar al poder del Estado a las clases industriales que hoy tienen la capacidad, y la necesidad, de dotarse de una moral de producción. No habrá orden en la calle mientras no lo haya en el taller y en la fábrica. El orden público democrático hay que encontrarlo en la reforma democrática de la empresa y de toda la estructura de producción. Tanto en el sector público como en el sector privado de la economía.
La noción de orden público se define no sólo por su oposición al orden privado, que reclama una protección especial a través del derecho a la intimidad, sino fundamentalmente por su oposición al orden diferente. El orden público es hoy mucho más que el orden de la apariencia o del espacio público como era ayer. Es, ante todo, el orden común, es decir, el que afecta a todo lo que tiene de genérico una comunidad. Pero donde hay género hay especies. Y estas especies reclaman también una protección a través del derecho a la diferencia. Aquí reside la base moral, y la base productiva, de la legítima aspiración de las minorías a ser respetadas por el orden represivo del Estado. La única limitación a este derecho de las minorías a su diferencia está en la utilización de la violencia para destruir el orden moral que las reconoce y protege. El terrorismo no tiene cabida en un orden público democrático. Pero es, y será, inseparable de toda concepción totalitaria del orden público.
Publicado originalmente en Reporter, el 27 de septiembre de 1977
