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El fenómeno del terrorismo separatista no puede ser visto de la misma manera, ni sentido con el mismo horror, por todos los que lo condenan en su corazón o de palabra. La utilidad política del crimen, aunque sea indirecta o no buscada, merma o anestesia la sensibilidad de las personas más cercanas a la concepción del mundo donde se engendra. Y los sectores nacionalistas, incluido el español, no son ajenos por completo a los sentimientos cuya radicalización lleva al terrorismo.

La mera existencia de ETA ha determinado la flaqueza de la Transición ante los nacionalismos gobernantes, llegando a servir de coartada implícita, cuando no de pretexto expreso, a la noción represiva del orden público y de la libertad de pensamiento sobre conceptos tan básicos, por ser prepolíticos, como los de patria y nación.

Los gobiernos vasco y catalán han conseguido carácter y concesiones competenciales que hubieran sido, y siguen siendo, inimaginables sin temor a la extensión del terrorismo en todos los escenarios nacionalistas.

Los Gobiernos de la Transición se han legitimado en la represión legal antiterrorista para abortar los movimientos involucionistas de la extrema derecha (23F) o copiar sus ilegales métodos (GAL). Los nacionalismos gobernantes y los Gobiernos del Estado resultan objetivamente beneficiados por ETA, en tanto que factor justificante y estabilizador del consenso oligárquico que sostiene el sistema autonómico.

Basta imaginar una situación sin terrorismo para evidenciar que ni Arzallus, ni Pujol, ni Suárez, ni Felipe González, ni Aznar serían lo que han sido, ni habrían podido gobernar de modo tan expeditivo. El concurso de méritos que hace durar a ETA no le corresponde a ella sola.

Del mismo modo que Franco prolongó la dictadura haciendo del comunismo la alternativa a su Régimen, lo cual exigía providenciarlo en todas las manifestaciones de la oposición democrática, dándole así un prestigio carismático, la actual oligarquía de partidos estatales y autonómicos se basa en la conveniente idea (para ella) de que sin Monarquía no habría más que separatismo y rotura definitiva del Estado.

La unidad de España, un hecho involuntario e indiferente a la libertad colectiva de los españoles, ha sido elevada por la Transición a la categoría de voluntad política del Rey y de los partidos constitucionalistas.

Una hazaña metafísica que sería imposible de concebir sin tener a mano el antiterrorismo como factor de legitimación de los gobiernos, y sin exagerar el peligro de separatismo como justificación última del sistema monárquico.

Si a las consideraciones anteriores añadimos que el sistema de Autonomías trae su causa suarista de la igualación de todas las regiones con Cataluña y Euskadi ¬por ciega obediencia a la fantasía dictatorial de negar la realidad de la historia española que ha diferenciado territorios por sus lenguas y culturas¬, será injusto dejar de atribuir a la existencia de ETA tanto la regalía de altos techos decisionales a nacionalidades culturales, como la extensión igualitaria de esas competencias estatales a todas las Comunidades Autonómicas. Nada ni nadie ha influido tanto como ETA en la configuración territorial del actual Estado español.

Los matices de la ambigüedad de sentimientos ante el crimen terrorista, producida por la importancia de su utilidad política, se dejan ver en los distintos signos de su condena, desde la lamentación por la desgracia inevitable, o el rechazo puramente intelectual de las acciones sangrientas, a la desaprobación de los atentados contra personas insignificantes.

El grado de dolor por el asesinato terrorista se establece en función, inversamente proporcional, de la espúrias rentas del terror. Y ésta utilidad no beneficia en exclusiva al PNV.

LA RAZÓN. JUEVES 20 DE DICIEMBRE DE 2001

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