Claro
Oscuro
Pocas o ninguna persona se dieron cuenta de que el teletipo, publicado por el Diario ABC, de Juan Carlos de Borbón dirigido al general Milans del Bosch, donde decía toda la verdad, delataba la naturaleza del régimen franquista que hoy existe y que ha provocado la situación política en la que actualmente nos encontramos. Algo que considero pertinente recordar, resultando plenamente vigente en el contexto de la exhibición reaccionaria celebrada en la Plaza de Colón de Madrid en contra de los indultos del Gobierno sanchista, pero a favor de la traición a los españoles. Un indulto, que al ser peor aún por su naturaleza que el propio delito que tolera, se convierte en un indulto a sí mismo del régimen del 78. Una monstruosidad que únicamente puede ser concebible y posible en el marco propiciado por una oligarquía de Partidos dentro del propio Estado, como la que existe en España desde hace décadas. Una que somete a los súbditos mediante el uso de bozales.
No recuerdo que D. Antonio García-Trevijano explicase en alguna ocasión esta cuestión tan relevante que voy a señalar, mas allá de que delataba al entonces rey, como autor del golpe de Estado para destituir a Adolfo Suárez. Algo que posteriormente la propaganda bautizó como “el golpe del 23-F” a pesar de que ese día fue cuando fracasó el golpe de Estado que ya estaba realizado con anterioridad.
Todo el que lea ese mensaje literal, tal y cómo fue hecho público por el Diario ABC, verá que ahí aparece la frase: “mantener el orden constitucional DENTRO de la legalidad vigente”. Son éstas exactamente las palabras que utiliza Juan Carlos de Borbón, y en ellas dice la verdad, demostrando que en España jamás ha habido ninguna Constitución.
¿Entienden ya por qué digo esto? ¿Aún no? Enseguida lo van a poder comprender mediante el desarrollo de una exposición tan sencilla como importante.
Si en España hubiese habido o hubiera ahora mismo una Constitución, sería la legalidad vigente la que estaría dentro de un orden constitucional. Considero que esto es algo que, cualquier persona normal y de pensamiento cabal, aún desconociendo la materia constitucional y lo que distingue a una Constitución, puede entender. Es decir, lo radicalmente opuesto a lo que dice el rey, traidor a Franco, a España y a su propio padre, en ese télex. Sería el marco de una Constitución el que guardaría una legalidad, que nunca podría ser contraria a las disposiciones del texto fundamental, si la hubiese.
Pero sin embargo Juan Carlos de Borbón, heredero de una dinastía hoy devenida en apátrida, lo que dice es que pretende mantener el orden de un texto al que llaman “Constitución” dentro de una legalidad vigente. Es decir, manifiesta acertadamente que la legalidad está por encima del texto y el orden supuestamente constitucional. Es la legalidad entonces la que mantiene a ese texto y no al contrario, como sucedería si hubiese una verdadera Constitución en España.
Está bastante claro entonces a qué legalidad se está refiriendo exactamente, puesto que no puede ser otra que la legalidad de la dictadura militar: la legalidad de Franco y su orden jerárquico y autoritario, el dispuesto por una dictadura. En la transacción de 1978, en las palabras de sus propios artífices, todo se hizo “de la ley a la ley” prevaleciendo así el sacrosanto imperio de la ley y desapareciendo la libertad constituyente. Siendo así la ley la que guardaba a ese texto fraudulento, que se redactó secretamente, sin que existiesen siquiera unas Cortes Constituyentes, aunque fuesen ficticias para disimular el engaño.
Cuando finalmente se refiere a que: “después del mensaje ya no puedo dar marcha atrás” es cuando no deja la menor duda, para nadie inteligente, de que el golpe había sido obra suya, con la complicidad de los militares y de jefes de todos los partidos políticos del Estado, según se pudo saber muy poco después.
Entiendan entonces ahora a qué clase de cuestiones leguleyas se están refiriendo todas esas personas que hablan de “la importancia del imperio de la ley”, de “los recursos de inconstitucionalidad” como si el texto fundamental fuese otra cosa que una norma de segundo rango, o cuando se tratan de analizar las leyes, nuevas o viejas, en función de su subjetiva justicia. No han nacido en España aún los abogados que entiendan la dimensión de lo que enfrentamos y el alcance de la monstruosidad a la que dirigen sus propuestas de reforma.
Piensen, actúen y dispóngase a la recuperación de las instituciones civiles a las que durante años han venido renunciando, delegando sus propias responsabilidades ciudadanas en las manos del Estado. No hay otra oposición política posible que aquella que se hace contra el Estado de Derecho, para procurar en el futuro una república de las leyes, una República Constitucional.
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