Los problemas fundamentales de la coyuntura política, formación del nuevo Gobierno y papel de la nueva oposición, han sido motivados por los aspectos imprevistos del resultado de las elecciones legislativas. El Régimen político había previsto que la crisis de autoridad del Estado autocrático, profunda y lejana, se resolviera mediante la legitimación democrática de su Gobierno a través de unas elecciones que no pusieran en la cuestión del poder político, o sea, la cuestión del Estado. Riesgo calculado. El bloque en el poder del Estado, a través de su Gobierno, obtendría una confortable mayoría electoral. La oposición legalizada ocuparía un decoroso espacio político. De este modo, la Monarquía quedaría restaurada por una triple legitimación: la carismática, heredada de su fundador, el general Franco; la tradicional, cedida por la renuncia del titular de la dinastía, Don Juan de Borbón; y la racional, adquirida por el carácter democrático de su sistema de Gobierno. Traducido este lenguaje sociológico en términos de fuerza significa que la Corona contaría con el apoyo del Ejército, por su carácter franquista, con el de la burguesía liberal, por su entronque dinástico, y con el de la opinión pública, por el aspecto democrático del modo de designación de sus Gobiernos parlamentarios. El hecho de que se hayan buscado tres legitimidades para asentar la autoridad del Estado demuestra que ninguna de ellas bastaría por sí sola para mantenerlo. La naturaleza híbrida de esta nueva y compleja legitimidad del Estado explica todas las ambigüedades, incoherencias y contradicciones del momento político, tanto en el poder como en la oposición. No es un Estado despótico, pero conserva intactos todos los aparatos de coerción y de represión que la Dictadura montó para sus propios fines. No es una dictadura militar, pero el Ejército continúa siendo la suprema fuerza de disuasión política contra las opciones y libertades que contradigan el orden institucional del Estado que definió la autocracia. Es un Estado monárquico, pero no cuenta con una clase social, tradicionalmente “monárquista”, cuyos intereses y porvenir estén apegados a los de la Monarquía, como sucedía antes con la burguesía terrateniente y aristocrática. Es un Estado oligocrático, pero ha introducido en su estructura autoritaria una institución democrática, el Congreso de diputados, que, aunque no sea la instancia donde reside el poder del Estado actual, no deja de ser el órgano del nuevo poder democrático que surge de la sociedad con la aspiración de convertirse en el poder del Estado. Solo en este sentido los partidos políticos de la oposición constituyen un poder estatal, un doble poder. Pero no participan en el poder del Estado, como pretenciosa y vanamente, por fortuna para él, ha declarado el primer secretario del PSOE. El partido del Centro Democrático y Alianza Popular participan, por el contrario, en el Poder del Estado, no por su condición de partidos parlamentarios, sino en tanto que expresión política del capital financiero, y de la alta burocracia constituida en y por el Estado. La fuerza política que ha llevado al Congreso a los partidos de oposición es autónoma, societaria y ascendente. La que ha depositado en las Cortes a los partidos del Régimen es heterónoma, estatal y descendente. El Parlamento no será así el escenario donde se libren las batallas decisivas por el poder. Todo esto era lo previsible por la estrategia de la reforma política.
¿Por qué entonces tantas dificultades en el poder del Estado para la formación del nuevo Gobierno, y tanto inmovilismo en los partidos de oposición? Porque el resultado electoral ha desbordado cuantitativamente las previsiones que el poder oligárquico del Estado y los partidos de oposición hicieron respecto al poder democrático de la sociedad. La cantidad, a veces, se transforma dialécticamente en calidad. Ha disminuido ante la opinión pública la legitimación carismática del presidente del Gobierno, y de los ex ministros de Franco, y ha aumentado la legitimación democrática de los partidos de oposición. Y la combinación de estos dos factores ha acentuado la crisis de autoridad política que se quiso resolver con las elecciones.
El presidente Suárez no había previsto que el partido del poder, es decir, el partido del Estado, de la Monarquía, y del Gobierno, contaría solamente con el apoyo de una cuarta parte del censo electoral, y de una tercera parte escasa de los votantes. El fracaso no puede ser disimulado por más tiempo. Y en consecuencia, la debilidad del poder gubernamental tampoco. Los atrasos en la formación del nuevo Gobierno traducen esta falta de autoridad política de quien ha preparado, manipulado, y falseado (mediante una injusta ley electoral) unas elecciones prematuras, con el único fin de preservar la continuidad del mismo poder de la oligarquía estatal a través de su auto-legitimación democrática. Ahora se encuentra al descubierto sin el sostén de una mayoría. Ni en el Congreso, ni, mucho menos, fuera de él. Ante esta situación de precariedad política del Gobierno, es natural que cada uno de los partidos que se integraron en la industria del poder, que no otra naturaleza tiene la Unión de Centro Democrático, se consideren indispensables para mantener la apariencia casi triunfal que el señor Hont ha proporcionado al bloque orgánico en el Estado. En buena lógica obtienen ahora lo que buscan, esto es, un puesto en el Gobierno. Es cierto que la mayor parte de los votos recogidos por el Centro se deben a la presencia en él del Presidente del Gobierno. Pero también lo es que el señor Suárez no podía haberse presentado con una cara liberal, y marcar sus diferencias con Alianza Popular, si los partidos que fundaron originariamente el Centro Democrático lo hubiera combatido en las elecciones. El presidente del Gobierno ha salido tan debilitado de sus propias elecciones que hoy no tiene más autoridad efectiva que la que le otorga la confianza de la Corona, es decir, su cualidad dignataria, y la que le prestan tácticamente los partidos de la oposición nominal, es decir, su cualidad maleable. Bastaría que el Rey le retirara la confianza para que su papel político quedara reducido al que hoy tienen el señor Arias. El partido de la Unión de Centro lo reconocerá como jefe en tanto dure la confianza regia. No es un líder político sustancial, per se. El único líder de este partido es el Monarca. La imprevisión y precipitación que acompañan a los actos políticos del señor Suárez revelan la inseguridad de quien, sin más ambición que la de permanecer al frente del Gobierno, se sabe prisionero del voluntades ajenas. Prisionero del capital financiero. Prisionero de la leal oposición del PSOE. Prisionero de la buena voluntad de la Generalitat catalana. El nuevo Gobierno estará obligado, por su debilidad, a practicar una política de concesiones a la izquierda parlamentaria y a la catalanidad, que le hará perder la confianza de la derecha centralista que le ha dado sus votos, sin poder ganar la de las masas populares ni la de los Partidos de la oposición, que procurarán marcar sus distancias a medida que el movimiento obrero exprese su protesta contra la política económica del capital financiero, verdadero poderdante del Gobierno Suárez.
También en las filas de la oposición la imprevisión de los resultados electorales ha introducido un serio desarreglo. El éxito del PSOE lo ha sumido en una perpleja inmovilidad y le ha creado nuevas y graves contradicciones. Una semana antes de las elecciones el señor González anunciaba su disposición a entrar en el nuevo Gobierno del señor Suárez. Una vez conocidos los resultados electorales rectificó. No porque haya disminuido su oportunidad sino porque ha aumentado su ambición. Lo cual es una suerte para la causa de la democracia. Una gran ambición de poder, entendida como ambición de grupo social, es incompatible con el oportunismo. El papel de oposición leal de Su Majestad es para los dirigentes del PSOE el camino más corto y más fácil de llegar a la Presidencia del Gobierno, turnándose con el partido monárquico en la administración y conservación de este Estado tal cual es. Pero la tarea de transformarlo en democrático es imposible sin un punto de ruptura en la unidad que el Estado actual ha establecido entre el poder y la oposición. Cuando el Presidente del Gobierno califica al PSOE de oposición leal está expresando que el proceso constituyente del Estado ha terminado. La constitución de Su Majestad es incompatible con una oposición (constituida) de Su Majestad. Pero el nuevo Gobierno del señor Suárez necesita, para encontrarse a sí mismo, que la oposición se pierda a sí misma asociándose al proyecto de conservación de este Estado, que es el objetivo de la reforma.
Publicado originalmente en Reporter, el 12 de julio de 1977
