Nuestro patriotismo constitucional cuaja en Ozores (¡bastante más serio que Habermas!), y sale de esos diarios de sesiones que censura Ana Pastor en madreñas.
Estamos en abril del 83. Desmontaje del fascismo. Con Guerra repartiendo corbatas de Loewe nacionalizadas por Boyer (“¡Tó pal pueblo!”), del ajuste urgente del Código Penal a la Constitución “que con tanto trabajo nos dimos todos” se encarga el abogado Vizcaya (PNV), que propone la eliminación de la agravante franquista del “desprecio de sexo”:
–Mantenerla significaría que un sexo merece más respeto que otro.
–Y suprimirla sería coger el rábano por las hojas –replica el abogado (del Estado) Calero (PP): argumenta que la mujer es más débil que el hombre, que puede aprovechar su mayor vigor físico para agredirla.
Es el momento de Granados (PSOE), que va de fino jurista: la agravante, “no nos equivoquemos”, responde a un “principio de galantería” (franquista). Y tira de documentación: un flamante Convenio onusino contra la discriminación por razón de sexo, que invita a “acabar con el mito de la debilidad de la mujer frente al hombre y sus secuelas laborales, humanas, conyugales…” Por ejemplo:
–Hay por ahí actuando, en plena madurez y facultades, cierta artista de variedades cuyo número fuerte consiste en arrastrar con los dientes un tren entero. No he tenido la fortuna de verlo, pero lamentaría tenérmela que encontrar con actitudes discrepantes y agresivas.
Unas risas, y fuera la agravante. Como Groucho Marx arrancando cláusulas del contrato. Hasta el Día de Inocentes de 2004, fecha de la ley contra la Violencia de Género donde el mismo partido de las risas del 83 rescata la agravante franquista, pero pasada por la ingeniería nacionalsocialista del delito de autor.
Antes, la comprensión del Derecho exigía de una especial educación del pensamiento abstracto, hoy reducido por la socialdemocracia a aceptar la hipótesis de Irigaray según la cual “e=mc2” es una ecuación sexualizada.
