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La situación política se define, en España, por el grado de satisfacción o de malestar que produce en la opinión el reparto de los poderes del Estado entre los partidos políticos. Este criterio «politicista» conduce a una escala de valores ajenos a la democracia. Lo peor para la oligarquía de partidos era lo de antes: una distribución del poder condicionada por la mayoría absoluta de un solo partido. Lo mejor es lo que se avecina: una mayoría condicionada por el reparto del poder entre el mayor número posible de partidos.

Lo dice el jefe del partido que ha perdido la mayoría absoluta. En el Gobierno o en el Parlamento, todos los partidos deben participar en la gobernación para lograr la gobernabilidad del Estado. Lo dicen incluso el jefe de la oposición y el del nacionalismo vasco. Lo típico del fascismo no fue su recurso a la fuerza, sino su ansiosa procuración de un gobierno fuerte mediante la dictadura de una sola opinión. Para llegar a esta unidad de opinión gubernamental, los que no estarán en el gobierno anuncian ya que harán en el Parlamento una crítica «terriblemente constructiva» (Roca). En ningún momento de sus mayorías absolutas ha gozado el partido ministerial de un apoyo parlamentario tan terrible. Es natural. El poder político está hoy tan bien repartido entre los partidos como el sentido común parece estarlo entre los ciudadanos. Todos están encantados con el que tienen. ¿Para qué oponerse insensatamente al partido ministerial?

Si referimos esos apremios de colaboración no a la sociedad gobernante, sino a la sociedad gobernada -la más gobernable de la Comunidad Europea-, el interrogante cambia de naturaleza y de sentido. De naturaleza, porque el riesgo de ingobernabilidad sólo afecta a la sociedad política, al Estado de partidos. De sentido, porque la estabilidad política proviene de la estabilidad social. ¿Para qué unirse en torno a un régimen de poder que tiende, por su naturaleza, a la crisis y la corrupción? ¿Por qué no se cambia de dirección y se busca la gobernabilidad en la sociedad donde se encuentra? Estas cuestiones no tienen eco ante la opinión pública porque, entre el problema que definen y la salida democrática que lo resuelve, se interpone la pantalla posmoderna y prefascista de la transición.

El carácter esquizofrénico de la posmodernidad mantiene separadas la cultura política, como culto del Estado, y la cultura mundana, como cultos fragmentados y demagógicos de cada práctica social. Y el prefascismo de la idea gubernamental, que en España cae como lluvia sobre suelo mojado por la irrigación caudillista, se basa en el «derechizquierdismo» que preludió al fascismo, en la síntesis de la derecha y la izquierda en un solo partido. Tenemos la mala costumbre de achacar a los políticos las malas ideas que otras cabezas conciben y ellos realizan. Pero la peor obra de gobierno, incluida la corrupción, es asunto de niños perversos comparada con la madurez del mal que introduce, en la cultura moral y política de un país, la línea editorial de un medio influyente, cuando la cobertura liberal disfraza su argumento antidemocrático.

Veamos, por ejemplo, el diario que ha empapelado de ideología posmoderna la cultura oficial de la transición y que ahora cultiva el prefascismo para la nueva etapa de gobierno. En su editorial «El nuevo Parlamento» (El País, 30 de junio), dice: «Para el país sería más nocivo un ejercicio precario de dicha función [la parlamentaria de permitir gobernar a la mayoría electoral] que las carencias de crítica y de control de la acción de gobierno por parte de la oposición». Entre un gobierno sin mayoría parlamentaria (como el de Suárez) y una dictadura parlamentaria (como la que precedió al fascismo y al nazismo), ese diario no tiene dudas. Es fácil de comprender la propensión pre-fascista del partido ministerial. También lo es, el oportuno colaboracionismo de la oposición y de la mayor parte de las empresas editoras. Pero, sin recurrir al nihilismo moral o político, es difícil de explicar por qué unos escritores y profesionales independientes prestan a El País el prestigio intelectual que necesita, para seguir imponiendo la hegemonía cultural de las ideas y de las prácticas oligárquicas.

EL MUNDO 05/07/1993


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